Una polémica medida comenzó a aplicarse en la prefectura de Ibaraki, en Japón, donde las autoridades ofrecerán recompensas económicas a quienes entreguen información que permita detectar a empresas que contraten migrantes en situación irregular. El incentivo alcanza los 10 mil yenes, equivalentes a unos 57 mil pesos chilenos.
La iniciativa ha generado fuerte debate y críticas por parte de organizaciones civiles y expertos, quienes advierten que podría aumentar la xenofobia y la discriminación contra personas extranjeras. Desde el gobierno regional defienden la medida asegurando que buscan combatir el empleo irregular, ya que la zona registra una de las tasas más altas de contratación informal de migrantes en el país.
