La contralora general de la República, Dorothy Pérez, entregó antecedentes ante la Comisión de Salud en el marco de la investigación sobre la emisión irregular de licencias médicas a funcionarios públicos. Según expuso, se detectó la venta ilegal de licencias a través de redes sociales, con valores que alcanzaban los 60 mil pesos por 30 días de reposo. Estas licencias eran ofrecidas con logos institucionales falsificados y con la promesa de atención por parte de supuestos profesionales certificados, en algunos casos incluso apelando al cuidado de la salud mental como justificación.
Pérez afirmó que esta práctica ilícita no es nueva, sino que ha persistido por años y ha sido denunciada en distintas administraciones. Actualmente, la Contraloría está ampliando la revisión para incluir a los funcionarios de Capredena y Dipreca, ya que la primera etapa de la investigación se centró en quienes están adscritos a Fonasa e Isapres. La autoridad señaló que esta revisión es parte de un esfuerzo por abordar de manera más integral un problema que afecta la integridad del sistema de salud y la función pública… ¡Va a quedar la grande!
