En un informe preliminar, expertos de la ONU concluyeron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad durante las elecciones del 28 de julio. El documento destaca que el CNE ignoró disposiciones legales y regulatorias nacionales, y no respetó los plazos establecidos, cuestionando así la legitimidad del proceso electoral.
En respuesta, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, propuso reformar la ley para prohibir la participación de observadores extranjeros en futuros comicios, acusándolos de tomar posición. Mientras tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas poselectorales, lo que, según él, perpetúa un clima de miedo en el país.